La administración Trump ha intensificado sus esfuerzos para frenar la inmigración legal, tomando una serie de acciones en las últimas semanas que podrían conducir a la deportación de personas que ya obtuvieron la ciudadanía.

El New York Times dio a conocer el caso de Norma Borgoño, una inmigrante peruana que llegó al país en 1989 y se naturalizó en 2007. Ahora enfrenta la revocación de su ciudadanía por haber mentido al ayudar a su jefe, en 2011, a cometer un fraude por $24 millones de dólares al Export-Import Bank de Estados Unidos.

Mentir a un oficial de Inmigración bajo juramento se castiga con deportación inmediata. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) –establecido en 2003– confirmó la contratación de docenas de abogados y funcionarios para que revisen los casos de inmigrantes sospechosos de haber mentido durante el proceso de naturalización.

La oficina hizo público el 5 de julio un memorando anunciando su plan para comenzar a emitir avisos para un rango más amplio de casos. Esos avisos, que requieren que un inmigrante comparezca ante un juez de inmigración en una fecha determinada, pueden ser el primer paso en el proceso de deportación.

Los expertos dicen que el cambio de política, junto con lo que viene después, podría ampliar enormemente el número de personas que se envían para su deportación. La agencia dijo la semana pasada que a partir del 11 de septiembre sus adjudicadores tendrán la facultad de denegar abiertamente las solicitudes que carecen de información.